Bajo condiciones previsibles y moderadamente favorables, el productor argentino siempre reacciona aumentando el área sembrada y aplicando más tecnología.

Sin embargo, la resolución 125 que había instaurado el sistema de derechos de exportación móviles para la soja, el maíz, el trigo y el girasol generaba un claro desincentivo a la producción de maíz, a pesar del histórico escenario que ofrecían los mercados internacionales para el cereal y para todos los productos derivados de su cadena de valor.

Y es que, a los precios internacionales de ese entonces, los derechos de exportación que enfrentaban los productores habían crecido casi un 50 por ciento, ya que la curva de aumento de las retenciones en función del mayor precio internacional del cereal era dos veces más pronunciada para el cultivo de maíz que para los otros granos.

Por lo tanto, a pesar de que en sus considerandos la medida se justificaba en otorgar un incentivo a la siembra de maíz a través de una disminución inicial de las retenciones a los precios internacionales vigentes, el aumento de las cotizaciones del maíz hacía que un altísimo porcentaje de la suba de su precio internacional fuera captado por el Estado.

Desde el 11 de marzo, fecha en que se hizo pública la norma, y como resultado del esquema de retenciones móviles, el aumento del precio internacional del maíz había disparado el gravamen que, hasta el voto no positivo del vicepresidente Julio Cobos en el Senado, pasó del 25 al 34,1 por ciento.

Es decir que la resolución 125 de retenciones móviles provocaba una caída del 12 por ciento en el precio del maíz percibido por el productor, desalentando su intención de siembra de cara a la campaña que estaba por comenzar.

Desafíos y oportunidades
Entonces, nos encontrábamos frente a una paradoja. Debido al mayor nivel de inversión que requiere el maíz frente a otros cultivos, se iba a generar una caída de la superficie sembrada del cultivo que se buscaba incentivar. Y, además, el impuesto creado iba a impactar negativamente en la recaudación al hacer caer la producción.

Desde la Asociación Maíz y Sorgo Argentino (Maizar) alertamos acerca de las graves consecuencias de la norma para la producción a todos los actores del Poder Ejecutivo Nacional, el Congreso, los gobiernos provinciales y municipales.

Mostramos que una cadena de valor puede generar un plan de crecimiento a largo plazo con mayores beneficios para el país que aquel dado por el efímero rédito de un mecanismo matemático de confiscación del ingreso.

Esto se vio reflejado en el documento Desafíos y oportunidades de la cadena del maíz, que fue presentado en 2008.

LA NACION